Transparencia: un poder ciudadano incompleto.
Por Juan-Pablo Pallamar - Dirigente del Comité Central del Partido Socialista de Chile
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un paso positivo y democratizador. Permite a la ciudadanía tener conocimiento respecto a la inversión pública y a los salarios que perciben los funcionarios públicos que deben estar a su servicio. De ahora en adelante, habrá una ciudadanía más informada, y por tanto una democracia más sana y protegida de la corrupción. Sin embargo, al establecer transparencia sólo para el sector público el país debe concentrarse en la insuficiente transparencia del sector privado.
Después del escándalo de la colusión para subir los precios de los medicamentos de las cuatro cadenas de farmacias más grande de Chile; o de la irresponsabilidad codiciosa de las firmas bancarias más prominentes del mundo que quebraron y han llevado a la economía global a un receso, no sin antes solicitar el auxilio de las arcas fiscales de todas las naciones afectadas; o de la inaceptable y vergonzosa desigualdad social imperante en Chile desde hace décadas; el secreto en el manejo privado de los asuntos financieros es absolutamente cuestionable.
La promulgación y entrada en vigencia de esta nueva ley, abre el debate hacia la transparencia de la gestión financiera del sector privado. Hoy, se mantiene en la obscuridad el funcionamiento de un mundo por el que circula la mayoría del dinero y riqueza que componen el producto interno bruto (PIB), el sector privado.
Las empresas privadas lucran gracias a trabajadores que son los artífices prácticos del éxito de los fines empresariales a cambio de un salario que les permite la subsistencia. En consecuencia, al ser el trabajo el proceso fundamental del lucro privado, la transparencia de la información financiera de las empresas es determinante para detectar donde hay y no hay abuso salarial sobre los trabajadores, tanto del mundo silvoagropecuario e industrial como de los servicios. Entonces un salario ético, digno o justo (cómo quieran llamarlo), puede fijarse y lograrse en gran parte por el grado de transparencia pública de la información financiera de las empresas. Una herramienta más para luchar contra la colusión empresarial.
En Chile, casi todas las empresas privadas lucran sobre la base de una rentabilidad abusiva sobre los salarios de los trabajares. Logrando prominentes excedentes privados que perpetúan la escandalosa desigualdad social del país. Por ello es absolutamente necesario transparentar las transacciones, balances y gestiones financieras de las empresas privadas, sea cual sea su fin. Los trabajadores, y en consecuencia la ciudadanía, debe tener pleno conocimiento de ‘cómo’ sus empleadores administran la riqueza producida. Y así también el ‘cómo’ los empresarios fijan el excedente que perciben para determinar si su negocio es o no rentable.
Si la diferencia mensual de ingreso promedio autónomo más extrema entre familias chilenas es a más de 31,3 veces como señala la CASEN del 2006, y si con la nueva ley de transparencia y acceso a la información se aclara cómo desde el sector público se producen estas diferencias, es entonces necesario aclarar públicamente, con una ley de transparencia de la gestión privada, ‘cómo’ estas brutales diferencias se producen en el sector privado.
A pesar de ser una medida resistida por el empresariado, a mediano plazo, empleadores y trabajadores ganarían confianza mutua, al disuadir con información transparente las situaciones de recorte de personal o de poca rentabilidad empresarial. Unos podrían disuadir los calificativos de ‘avaros’ y otros, podrían hacer valer sus derechos cada vez que su trabajo no sea valorado en la justa dimensión que exige.
Por ello, la transparencia también es necesaria en el sector privado. La realidad de Chile es la de un país en su mayoría privatizado. Si esa es nuestra realidad es, entonces, absolutamente necesario transparentar la administración financiera de las empresas privadas ante sus trabajadores. Una democracia fuerte y sólida también debe someter la administración privada de los negocios bajo la lupa de la ciudadanía, y esencialmente de los trabajadores. Así, los usuarios, también deben estar informados de los entremeses financieros del mundo privado, para conocer ‘cómo’ llegan a pagar los, muchas veces, abusivos precios impuestos por las empresas.
Pero hay que precisar lo siguiente. El derecho a mantener negocios privados y a la propiedad privada está determinado por la libertad de disponer de bienes privados para fines privados, incluyendo naturalmente, el derecho al lucro. Pero el grave problema radica en leyes débiles que permiten el abuso fácil sobre los trabajadores. Una de esas debilidades está en el uso privilegiado de información por parte de los empresarios, de la cual son tan dueños como los trabajadores. Ambos asociados en la empresa. El lucro debe ser transparentado y regulado para no ser abusivo.
Así, la concepción de derechos humanos y de democracia nos ha llevado a establecer límites legales que determinan la fortaleza de un estado de derecho que es menos débil que antes pero que aun no posee la vitalidad de un estado capaz de acabar con la extrema desigualdad social (no olvidemos que Chile ocupa el décimo tercer puesto de la desigualdad mundial).
Estos límites debieran garantizar una realidad laboral y salarial justa para los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Más si trabajar constituye la única actividad que permite a la mayoría de las personas la subsistencia. Entonces, la remuneración justa de un trabajador resulta vital para no ser ni explotado ni abusado. Pero ¿cómo puede fijarse un real salario digno sin la información pública que permita comparar el excedente empresarial (el “salario” del empresario) con el salario que la empresa paga a sus trabajadores? Por ello, la democratización de la información toda la información económica juega un rol clave. Ayudaría a poner en evidencia las fuertes diferencias salariales impuestas por un mercado regido por la ley del más fuerte. Construyendo una relación de igual a igual entre empresarios, trabajadores y consumidores.
En síntesis, la transparencia democrática está enfocada al fin de la corrupción y los abusos en todos los ámbitos de la sociedad. Tanto para combatir los vicios que pueden surgir de la relación entre política y dinero, ergo, transparencia del sector público por un lado bajo la tríada autoridades-estado-contribuyentes. Y por otro, para despojar a los trabajadores de la posición de vulnerabilidad salarial a la que están sometidos frente a la falta de transparencia de los criterios lucrativos de los dueños, propietarios o empresarios en la relación ‘salario-excedente’ que los últimos capitalizan en su beneficio. Ergo, transparencia del sector privado bajo la tríada empresario-trabajador-consumidor.
Hoy, el anillo virtuoso de la transparencia ha avanzado pero aun no está completo. La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un aporte para transparentar la gestión del sector público, en cuanto a la relación política y dinero, rindiendo cuenta a los contribuyentes (lo que es una gran cosa) y otorgando a los ciudadanos un mayor poder de fiscalizar. Con lo cual se abre el debate hacia otro objeto de la transparencia: combatir la desigualdad social con transparencia en la gestión privada. Así, la promulgación de una nueva ley de transparencia y acceso a la información financiera del sector privado contribuiría a una mejor y más equitativa democracia. Entregando a los trabajadores y consumidores, el poder de no ser engañados, abusados ni estafados y, completar así, un círculo virtuoso de transparencia con mayor poder de fiscalización ciudadana.-
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