La explotación de carbón a tajo abierto tiene un impacto irreparable en el medio ambiente. El polvo-carboncillo que se desprende de los inmensos movimientos de tierra, forman un manto, que cubre la vegetación, la fauna y los recursos hídricos en decenas de kilómetros cuadrados a la redonda. Un verdadero veneno para la biodiversidad. Luego, en un segundo proceso, su combustión es la más contaminante. Libera millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. El principal gas que agudiza el efecto invernadero, responsable del calentamiento global, que amenaza el clima del planeta con cambios irreversibles (que ya afectan al mundo y también a Chile). A esta crisis ecológica se suma una crisis energética. Chile es vulnerable a ésta. Más del 95%[1] de su consumo final de energía proviene de la importación, que la hace dependiente a un alto riesgo sobre su desarrollo. Entonces, ¿por qué pareciera que el gobierno carece de una política de desarrollo que considere las actuales crisis ecológica y energética?
La energía es un mercado más para el gobierno.
La rentabilidad monetaria parece el único criterio prioritario del crecimiento que el ejecutivo busca fomentar. Inclusive, para sectores estratégicos como -por ejemplo- el transporte y las telecomunicaciones, la energía y la minería.
¿Cómo se justifica el proyecto carbonífero de Isla Riesco?
Por un lado, el argumento de la seguridad energética es dudoso, poco transparente y engañoso. Isla Riesco no es sinónimo de más energía para el país pues su objetivo sólo es reemplazar el carbón importado que actualmente abastece las termoeléctricas. Entonces, ¿seremos menos dependientes energéticamente? No, porque el carbón sólo representa el 2%[2] del consumo final de energía nacional. Sin embargo, es un negocio seguro y rentable (en este caso, para los Von Happen y Angelini), pues gracias a un monopolio otorgado con el gentil auspicio del Estado, que le aseguran una demanda interna, Isla Riesco podrá potenciarse para la exportación hacia crecientes mercados de carbón como el Chino. Todo, manteniendo la dependencia energética y destruyendo el medio ambiente.
Más aun, ¿desarrollo nacional o privado?
La industria del carbón no es estratégica para el desarrollo (no, si es una cuestión de país). Su valor agregado es limitado, pues no hay, más allá de su utilidad energética, una significativa industria asociada de productos derivados, a diferencia del petróleo y el gas. La creación de polos industriales y de investigación (clusters) que reproduzcan un desarrollo técnico, productivo y de innovación con impacto en el desarrollo nacional y en esos nuevos puestos de trabajo que ya están publicitando, no es posible con el carbón (ni siquiera en su época de oro: el siglo XIX). Las características de este proyecto aprobado por el ejecutivo siembra la duda en cuanto a sus reales objetivos, pues parece solo beneficiar un pequeño y poderoso sector privado, con la capacidad financiera de levantar proyectos de estado.
No obstante, se está improvisando en materia de medio ambiente.
La política de medio ambiente del ejecutivo es reactiva. Hay carencia de una política de medio ambiente integrada a una estrategia de energía coherente con los desafíos que la crisis ecológica y energética impone.
La reducción de emisiones de CO2 es un compromiso global.
Pero la aprobación de la carbonífera en Magallanes, va contra el combate de la erosión de los suelos y el calentamiento global y la preservación de la biodiversidad mediante la reducción nacional de las emisiones de CO2, que vienen incrementándose sostenidamente. Nada más entre el 2001 y 2008, Chile aumentó sus emisiones de CO2 en 20 millones de toneladas. Alcanzando emisiones por 73 millones de toneladas de CO2 en 2008[3]. Y a juzgar por el impacto que una mina de carbón a tajo abierto desencadena en sus alrededores, el manto de carboncillo también se posa sobre la institucionalidad medioambiental de nuestro Estado.
La reacción como política ambientalista.
Más aun, el gobierno improvisa y reacciona. El discurso pro-ambientalista de Piñera ha sido política sólo cuando ha sido contestado por la ciudadana. Así ocurrió con la termoeléctrica de Punta de Choros. Su credibilidad fue amenazada en 2010 por la ciudadanía, luego que le hicieran ver la contradicción entre su discurso de campaña y las políticas aplicadas por su gobierno. Lo que agrega más dudas en cuanto a la existencia de una verdadera política pública de medioambiente.
En consecuencia, Isla Riesco parece más bien una empresa de exportación de carbón. Una verdadera política energética significa sustituir progresivamente el petróleo, el gas y sus derivados, que representan más del 80%[4] de nuestras importaciones de energía, por otras alternativas que permitan combatir el calentamiento global. Por eso, una política ecológica y sustentable de medio ambiente y de energía, son decisiones estratégicas para Chile. Modelan el desarrollo que queremos y el cómo queremos construirlo. Requieren, entonces, de un debate país. Público, fuerte, participativo, franco y de largo plazo. Pues es vital una ciudadanía informada y participativa, para que las alternativas que el país adopte sean coherentes, compartidas y comprendidas por el conjunto de las y los chilenos. Son desafíos nacionales y globales de tal magnitud, que van más allá de la representatividad de las autoridades de turno. Lo barato –como dice el sabio refrán- puede costar caro.-
[1] Ministerio de Energía de Chile. Balance energético 2009. URL: http://www.minenergia.cl/minwww/opencms/14_portal_informacion/06_Estadisticas/Balances_Energ.html
[2] International Energy Agency (IEA). URL: http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=CL
[3] OECD, estadísticas. CO2 emissions from fuel combustion. Paris, 2010. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/environment/co2-emissions-from-fuel-combustion_2075826x-table1
[4] International Energy Agency (IEA). 2008, Energy Balance for Chile. URL: http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=CL
